Estudio peruano de alto nivel especializado en derecho inmobiliario, registral, corporativo, laboral y civil. Soluciones legales de alto nivel para empresas, inversionistas y personas naturales en Lima, Perú.
En Sorolla & Ugarte Abogados nuestra misión es brindar asesoría legal integral, estratégica y altamente especializada, orientada a proteger, estructurar y potenciar los intereses jurídicos, patrimoniales y empresariales de nuestros clientes, en un entorno cada vez más complejo y dinámico.
Asumimos cada encargo con un enfoque preventivo, técnico y humano, entendiendo que el derecho no solo resuelve conflictos, sino que anticipa riesgos, crea valor y genera estabilidad. Por ello, combinamos un profundo rigor jurídico con experiencia práctica, análisis multidisciplinario y una comprensión real del contexto económico, financiero y social en el que operan nuestros clientes.
Nos comprometemos a ofrecer soluciones claras, viables y sostenibles, diseñadas a medida de cada caso, con un alto estándar ético y una comunicación transparente. Nuestra labor no se limita a responder problemas jurídicos, sino a acompañar decisiones estratégicas, proteger activos, fortalecer estructuras legales y generar seguridad jurídica en cada etapa del desarrollo personal y empresarial de quienes confían en nosotros.
Nuestra visión es consolidarnos como un estudio jurídico de referencia a nivel nacional, reconocido por su excelencia técnica, capacidad estratégica e innovación constante, así como por la confianza y resultados que generamos en nuestros clientes.
Aspiramos a ser un estudio que trascienda el modelo tradicional de asesoría legal, integrando conocimiento académico actualizado, tecnología, análisis económico y visión empresarial, para ofrecer un servicio jurídico moderno, eficiente y alineado con los desafíos actuales y futuros del mercado.
Buscamos liderar un nuevo estándar de práctica legal, donde el aprendizaje continuo, la actualización permanente y la mejora constante de procesos sean pilares esenciales. Queremos ser un estudio que evoluciona junto con el derecho, anticipándose a los cambios normativos, económicos y sociales, y que contribuya activamente al fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del país.
Rigor técnico y precisión en cada servicio.
Soluciones creativas y eficientes ante retos complejos.
Formación y actualización permanente.
Anticipamos riesgos y creamos estructuras sólidas.
Transparencia y conducta profesional intachable.
Asumimos cada caso como propio.
Máxima reserva y protección de información.
Aporte al fortalecimiento institucional y sociedad justa.
En Sorolla & Ugarte Abogados brindamos asesoría legal integral y multidisciplinaria, combinando rigor técnico, experiencia práctica y visión estratégica, orientada a empresas, inversionistas, entidades financieras y personas naturales.
Nuestro equipo está conformado por especialistas de reconocida trayectoria académica y profesional, lo que nos permite atender asuntos complejos, de alto impacto económico y alta sensibilidad jurídica, con un enfoque preventivo, estratégico y orientado a resultados.
Brindamos asesoría integral en la estructuración, regularización y defensa jurídica de bienes inmuebles urbanos y rurales, garantizando seguridad jurídica en cada etapa del proceso.
Asesoramos a empresas desde su constitución hasta su expansión, reorganización o cierre, con un enfoque estratégico, preventivo y de protección patrimonial.
Contamos con especialización avanzada en regulación financiera y estructuración de financiamiento, respaldada por experiencia directa en entidades clave del sistema financiero peruano.
Protegemos el patrimonio y los intereses personales y empresariales mediante una asesoría civil rigurosa, preventiva y estratégica.
Asesoramos tanto a empleadores como a trabajadores en la gestión estratégica y preventiva de las relaciones laborales.
Contamos con especialistas en derecho penal, teoría del delito y litigación oral, con experiencia en delitos complejos y de alta exposición.
Brindamos soluciones eficientes para controversias complejas, priorizando la defensa estratégica de los intereses de nuestros clientes.
Ofrecemos un servicio "llave en mano", asegurando eficiencia, rapidez y seguridad jurídica en todos los trámites.
Centralizamos y optimizamos toda la gestión documental legal y registral.
Profesionales con sólida formación y amplia experiencia en las áreas más demandadas del derecho peruano
Socio fundador
Especialista en asesoría legal corporativa, con experiencia en redacción jurídica, análisis normativo y soporte corporativo en notaría.
Con dominio avanzado de la gestión documental, elaboración de minutas, actas y escritos legales, así como en la investigación aplicada a casos penales y corporativos. Bachiller en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con formación complementaria en contratación pública, lógica y pensamiento crítico, y certificaciones internacionales en inglés.
Socia fundadora
Especialista en Derecho Inmobiliario y Corporativo, con experiencia en estructuración legal de proyectos, saneamiento predial urbano, constitución de personas jurídicas y elaboración de contratos civiles y comerciales.
Experta en redacción, revisión y formalización documental ante notaría y SUNARP, así como en due diligence inmobiliario. Bachiller en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con formación especializada en Derecho Inmobiliario y cursos avanzados en derecho constitucional, penal, criminología y contratos laborales.
Consultor en Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, referente académico y doctrinario en epistemología jurídica y teoría del delito. Creador de la reconocida Teoría dialéctica del Derecho, con amplia trayectoria en formación de magistrados, diseño institucional y asesoría estratégica en entidades clave del sistema de justicia. Doctor honoris causa por diversas universidades de prestigio internacional, Magíster en Derecho Constitucional (Universidad de Castilla-La Mancha – España) y Doctorando en Derecho. Profesor universitario desde 1999 y autor de obras fundamentales en derecho penal, filosofía y lógica jurídica, con experiencia directiva en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura.
Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal por la UNMSM. Máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona (España). Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Tesina). Director del Instituto Peruano de Responsabilidad Civil (IPDRC). Profesor Ordinario Auxiliar en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Internacional Privado e Investigación Jurídica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima. Profesor de Posgrado en la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad de Huánuco.
Consultor en Derecho Corporativo y Financiero, con amplia experiencia en estructuración de financiamiento, regulación financiera, gobierno corporativo y mitigación de riesgos legales. Especialista en banca de desarrollo, mercado de valores y esquemas fiduciarios, con más de 19 años liderando asesoría jurídica estratégica en entidades clave del sistema financiero peruano. Maestro en Derecho de la Empresa (UPC) y Abogado (PUCP), con sólida trayectoria en generación de valor, fortalecimiento patrimonial y sostenibilidad institucional.
Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, experto en litigación estratégica, investigaciones preliminares, teoría del caso y defensa en audiencias orales. Con experiencia en delitos complejos y crimen organizado. Magíster en Gestión Pública (EUCIM Business School – España y Universidad San Martín de Porres – Perú). Participante y árbitro en competencias internacionales de arbitraje.
Especialista Derecho laboral y Conciliación, experto en relaciones laborales, gestión de talento, desarrollo de personas, coaching y dirección estratégica. Profesor a tiempo completo UPC. Magíster Cum Laude en Dirección Estratégica y Liderazgo (CENTRUM PUCP – Perú y Escuela de Alta Dirección y Administración EADA - España) y Abogado (PUCP - Perú).
La abogacía moderna exige más que conocimiento jurídico: requiere estrategia, empatía y visión empresarial.
Comprensión legal y fáctica integral de cada caso, investigando todos los aspectos relevantes para construir la mejor estrategia.
Soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, con objetivos claros y plazos definidos.
Acompañamiento continuo hasta obtener el resultado esperado, con transparencia en cada etapa del proceso.
Bitácora Legal es un espacio de análisis y reflexión jurídica donde los profesionales de nuestro estudio comparten artículos sobre temas de actualidad, novedades normativas y criterios relevantes del Derecho, con un enfoque técnico, claro y orientado a la práctica legal.
En el Perú, la política pública de promoción empresarial ha privilegiado la formalización rápida y la fiscalización posterior, pero ha descuidado la asesoría legal preventiva como pilar del desarrollo económico. El resultado es un ecosistema donde miles de MYPES y emprendedores se constituyen sin comprender plenamente sus obligaciones societarias, contractuales y laborales, generando conflictos que no nacen de la mala fe, sino de estructuras mal diseñadas desde el inicio.
Esta omisión política ha consolidado una percepción errónea del derecho como un costo o una barrera, cuando en realidad es una herramienta estratégica de prevención y sostenibilidad. Empresas que no cuentan con reglas claras de gobierno, contratos adecuados ni delimitación de responsabilidades reproducen la informalidad dentro de la formalidad, elevando la rotación, el conflicto interno y la mortalidad empresarial en sus primeros años de vida.
Frente a ello, la solución pasa por integrar al abogado como actor clave de la política de desarrollo empresarial, incorporando programas de asesoría legal preventiva obligatoria y accesible para MYPES, articulados con el Estado, los colegios profesionales y la academia. Solo cuando la política pública entienda que el derecho no debe llegar después del conflicto, sino antes de la decisión empresarial, será posible construir empresas más estables, competitivas y sostenibles en el tiempo.
Autor: Joaquin Sorolla Nin, Bachiller en Derecho
Socio Fundador
¿QUIÉNES NOS GOBIERNAN? UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
En los últimos años, el Perú ha atravesado una profunda crisis de representación política que ha puesto en evidencia serias deficiencias en la calidad de quienes ejercen cargos públicos. La inestabilidad institucional, la falta de liderazgo técnico y ético, así como los constantes escándalos de corrupción, han generado un legítimo cuestionamiento ciudadano sobre si los actuales requisitos para postular a cargos públicos son realmente suficientes para garantizar un buen gobierno.
Este cuestionamiento adquiere mayor relevancia cuando se analizan los criterios normativos vigentes. El acceso a los principales cargos del Estado se encuentra regulado, de manera primordial, por la Constitución Política del Perú de 1993, la cual establece requisitos mínimos y predominantemente formales. Para el cargo de Presidente de la República, el artículo 110 de la Constitución Política del Perú exige únicamente ser peruano de nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad y gozar del derecho de sufragio, añadiéndose como limitante la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 112 de la Constitución Política del Perú. No se exige, sin embargo, formación académica, experiencia en gestión pública ni evaluación alguna de idoneidad ética o profesional.
Una regulación similar se observa respecto del Congreso de la República. El artículo 90 de la Constitución Política del Perú establece que para ser congresista basta con ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y contar con derecho de sufragio. Los impedimentos e incompatibilidades contemplados en el artículo 91 de la Constitución Política del Perú, desarrollados por la Ley Orgánica de Elecciones – Ley N.° 26859, se orientan principalmente a evitar conflictos funcionales, mas no a garantizar estándares mínimos de preparación técnica, solvencia moral o conocimiento del sistema jurídico. Este diseño normativo contribuye a explicar la baja calidad del debate legislativo y la creciente desconexión entre representantes y ciudadanía.
En el caso de los Ministros de Estado, las exigencias constitucionales resultan aún más limitadas. El artículo 124 de la Constitución Política del Perú señala como únicos requisitos ser peruano de nacimiento, mayor de veinticinco años y contar con derecho de sufragio. Conforme a los artículos 122 al 129 de la Constitución Política del Perú, los ministros son designados por el Presidente de la República, sin que la norma suprema exija acreditación de especialización técnica, experiencia sectorial o trayectoria profesional vinculada a la cartera que se asume. Esta amplia discrecionalidad, si bien propia del régimen presidencial, deja sin filtros objetivos uno de los niveles más altos de conducción estatal.
Resulta preocupante que para acceder a funciones tan determinantes como las del Congreso, los ministerios o la Presidencia de la República, los estándares exigidos sean mínimos en comparación con la magnitud de las decisiones que estas autoridades deben adoptar. Gobernar un país implica administrar recursos públicos, diseñar políticas de largo plazo y representar los intereses de millones de personas, tareas que demandan no solo voluntad política, sino también formación, capacidad técnica y solvencia moral. Uno de los principales problemas radica en la permisividad frente a los antecedentes personales y judiciales de los candidatos. Permitir que personas con antecedentes penales, investigaciones graves o procesos judiciales en curso accedan a cargos públicos debilita la confianza en el Estado y normaliza la idea de que la política es un espacio tolerante con la falta de ética. Esta situación resulta especialmente contradictoria si se contrasta con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que consagra la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Un requisito básico para ejercer función pública debería ser, por tanto, una trayectoria personal y legal intachable.
Asimismo, resulta razonable exigir que quienes postulen a determinados cargos cuenten con formación académica vinculada a las funciones que pretenden ejercer. No se trata de excluir, sino de profesionalizar la política. Un ministro, congresista o presidente debería acreditar conocimientos mínimos en áreas como derecho, economía, gestión pública, ciencias políticas, administración pública u otras disciplinas afines, que le permitan comprender y enfrentar con solvencia los problemas estructurales del país.
Autor: Sara Ugarte Cabrera, Bachiller en Derecho
Socio Fundador
En las empresas de restaurantes y de experiencias, el buen gobierno corporativo trasciende a EEFF, JGA y directorios, un modelo de gobierno diseña reglas claras contra el maltrato, canales de denuncia confiables y líderes evaluados también por cómo tratan a su gente, convierte la cultura interna en la promotora de la calidad del servicio.
En el negocio de restaurantes, la experiencia del cliente es inseparable de la experiencia del trabajador: un equipo agotado, humillado o con miedo jamás podrá sostener, noche tras noche (días normales o festivos), calidez, atención al detalle y hospitalidad genuina. Por eso, el buen gobierno implica diseñar estructuras y prácticas (comités, políticas, principios) que pongan al personal en el centro.
A partir de ello, es elemental considerar que la rotación y el clima pasan a ser indicadores de riesgo tan relevantes como la caja o el flujo de clientes.
Cuando el gobierno corporativo integra el bienestar del equipo en su agenda –no como un "beneficio blando", sino como condición para posicionar la marca– se produce un círculo virtuoso: más estabilidad, menos conflicto, mejor coordinación en cocina y sala, y una consistencia en el servicio que el cliente percibe y valora. En última instancia, cuidar el clima laboral es una forma de cuidar el patrimonio reputacional de la empresa y la sostenibilidad de su propuesta de valor en el tiempo.
Autor: Mg. Rodrigo Zapata Soto
Abogado Asociado, especializado en el sector Financiero y Corporativo.
En Sorolla & Ugarte Abogados entendemos el ejercicio del derecho no solo como una actividad profesional, sino como una responsabilidad social que incide directamente en la construcción de un entorno más justo, ordenado y confiable. Creemos firmemente que el rol del abogado trasciende la defensa de intereses particulares y se proyecta hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia social.
Nuestro compromiso con la sociedad se manifiesta, en primer lugar, en la promoción activa de la legalidad y la seguridad jurídica. Trabajamos para que las personas y las organizaciones comprendan el valor del cumplimiento normativo, la prevención de conflictos y el respeto a los derechos fundamentales, contribuyendo así a reducir la informalidad, la incertidumbre y la desigualdad jurídica.
Asumimos una posición clara frente a las prácticas abusivas, el uso indebido del poder económico o institucional y la vulneración de derechos. Defendemos con firmeza la dignidad de la persona, la protección del patrimonio legítimo y el respeto a la imagen, al trabajo y a la seguridad jurídica de quienes se encuentran en situación de desventaja frente a estructuras más poderosas.
Asimismo, promovemos un ejercicio del derecho basado en la ética, la transparencia y la responsabilidad profesional, convencidos de que la confianza en el sistema jurídico se construye con actuaciones coherentes, honestas y técnicamente sólidas. Cada caso que asumimos es tratado con seriedad y compromiso, evitando litigios innecesarios y priorizando soluciones que generen estabilidad y equilibrio social.
Nuestro estudio también apuesta por el desarrollo del conocimiento jurídico y la formación continua, entendiendo que una sociedad mejor informada es una sociedad más justa. A través de la investigación, la docencia, la difusión de contenidos legales y el acompañamiento institucional, contribuimos a elevar el nivel del debate jurídico y a formar profesionales comprometidos con una práctica responsable del derecho.
Finalmente, concebimos la responsabilidad social jurídica como un compromiso permanente con el futuro. Buscamos aportar, desde nuestra labor diaria, al fortalecimiento de instituciones sólidas, al respeto de los derechos humanos, al desarrollo empresarial responsable y a la construcción de un país donde el derecho sea una herramienta de protección, crecimiento y bienestar colectivo.
En Sorolla & Ugarte Abogados, ejercer el derecho es también servir a la sociedad, con conciencia, integridad y visión de largo plazo.
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Lima, Perú